Las autoridades rusas han iniciado una nueva fase de su pulso con Telegram, restringiendo de manera progresiva el funcionamiento de la aplicación de mensajería más influyente del país. En cuestión de horas, millones de usuarios comenzaron a notar que los vídeos tardaban más en cargar y que algunas funciones iban a paso de tortuga, mientras el regulador justificaba el movimiento en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo.
Este choque entre el Kremlin y la plataforma fundada por Pavel Durov no es solo un asunto interno ruso. Lo que está ocurriendo se observa con lupa desde España y el resto de Europa, donde también se debaten límites al uso de redes y mensajería por motivos de seguridad, desinformación o protección de menores. La forma en que Moscú está usando la tecnología para dirigir a los ciudadanos hacia servicios propios controlados por el Estado funciona, en la práctica, como un caso extremo de soberanía digital que preocupa a defensores de derechos y a reguladores europeos.
Ralentización, bloqueos parciales y un mensaje claro a Telegram
El organismo ruso de supervisión de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, ha confirmado que está aplicando “restricciones graduales” sobre Telegram. Oficialmente, el regulador acusa a la aplicación de no cumplir la normativa rusa en materia de datos personales, fraude y prevención del terrorismo, y advierte de que las limitaciones se mantendrán “hasta que se eliminen las violaciones de la ley rusa”.
Según datos recopilados por servicios de monitorización digital como Downdetector, en las últimas horas se han registrado miles de quejas desde distintas regiones de Rusia por fallos, lentitud y errores al usar la plataforma. Muchos usuarios hablan de vídeos que no cargan, problemas para enviar archivos y caídas puntuales del servicio, una especie de “apagón a cámara lenta” que encaja con la estrategia de ir ajustando el grifo poco a poco.
Paralelamente, medios estatales como TASS y RIA han detallado que Telegram se enfrenta a multas acumuladas de hasta 64 millones de rublos (unos 828.000 dólares), derivadas tanto de procesos judiciales en curso como de sanciones anteriores por negarse a suprimir contenidos que Moscú considera ilegales. Además, hay al menos ocho vistas judiciales pendientes que podrían incrementar aún más la presión económica sobre la compañía.
Aunque Telegram sigue siendo accesible, los usuarios constatan una degradación deliberada del servicio. La agencia avisa de que las restricciones serán sucesivas y que no descarta, si lo considera necesario, llegar a un bloqueo casi total, como ya ocurrió durante el intento fallido de prohibición de 2018, que Moscú acabó levantando en 2020 tras comprobar que no lograba cortar el acceso de forma efectiva.
El papel central de Telegram en Rusia y el eco en Europa
La ofensiva del Kremlin tiene un impacto especialmente delicado por el peso que Telegram ha ganado en la vida cotidiana rusa. La plataforma se ha convertido en una mezcla de mensajería privada y red social, usada por prácticamente todos los actores políticos y sociales, desde el propio Gobierno y el Kremlin hasta medios estatales, blogueros militares, periodistas independientes y canales gestionados por la diáspora en el extranjero.
En medio de la guerra en Ucrania y de la represión de voces críticas, Telegram se ha consolidado como uno de los pocos espacios relativamente plurales, donde conviven canales favorables a la ofensiva militar con otros que ofrecen visiones alternativas o abiertamente críticas. De ahí que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o Amnistía Internacional consideren que las nuevas restricciones son otro paso en la erosión de la libertad de expresión en Rusia.
La paradoja no pasa desapercibida: las propias autoridades rusas, incluidos ministerios, organismos públicos y el regulador Roskomnadzor, utilizan Telegram para publicar comunicados y actualizaciones oficiales. Muchos soldados desplegados en Ucrania, según reconocen blogueros progubernamentales, dependen de la app para coordinarse y compartir información, por falta de sistemas militares más modernos. Incluso desde sectores afines al Kremlin se han escuchado críticas, alertando de que limitar Telegram puede terminar “ayudando al enemigo” y obligando a los militares a “volver a las palomas mensajeras”.
En Europa, este pulso entre seguridad y libertad de comunicación se sigue con atención. La Unión Europea discute, por ejemplo, cómo gestionar los riesgos de la desinformación o la exposición de menores a contenidos dañinos sin caer en modelos de control masivo como el ruso o el chino. Y en España, el debate sobre si restringir el acceso de los menores de 16 años a redes sociales ha abierto un frente político y social al que el propio Durov ya ha respondido con dureza, criticando públicamente al Gobierno español y comparando algunas propuestas con medidas desproporcionadas.
Max, la superapp estatal que aspira a sustituir a Telegram
Mientras recorta el margen de maniobra de Telegram, Rusia empuja en la dirección contraria su propia alternativa: Max, una especie de “superapp” al estilo de WeChat que combina mensajería instantánea con pagos, servicios bancarios, acceso a trámites administrativos y almacenamiento de documentos oficiales.
El plan del Kremlin pasa por que Max se convierta en la puerta de entrada digital a buena parte de los servicios cotidianos, desde transferencias hasta gestiones con la administración. Para acelerar su expansión, el Gobierno ha ordenado que la aplicación venga preinstalada en todos los nuevos smartphones y tabletas que se vendan en el país, una estrategia muy distinta a la que sigue la UE, donde la imposición de apps por defecto suele estar bajo el escrutinio de las normas de competencia y de protección del consumidor.
Max fue desarrollada por VK (VKontakte), la gran red social rusa que en su día cofundó el propio Durov y de la que se desvinculó en 2014 tras denunciar presiones del Kremlin para entregar datos de usuarios ucranianos. Con el tiempo, VK ha pasado a quedar bajo control estatal, lo que para críticos y organizaciones de derechos digitales refuerza la idea de que Max es, en la práctica, una herramienta de vigilancia y censura política.
Desde el Kremlin lo niegan categóricamente. La narrativa oficial insiste en que la app busca garantizar la soberanía digital de Rusia, proteger a los ciudadanos frente a fraudes y delitos en línea, y reducir la dependencia de servicios extranjeros que, según Moscú, podrían estar sometidos a influencias o presiones de otros gobiernos.
Las acusaciones de Moscú y la versión de Pavel Durov
Roskomnadzor sostiene que Telegram no protege adecuadamente los datos personales, no aplica medidas eficaces contra el fraude y permite que la plataforma sea usada con fines delictivos y terroristas. Bajo ese argumento, la agencia considera que la app incumple las leyes rusas de almacenamiento y tratamiento de datos, así como los requisitos de colaboración con las fuerzas de seguridad.
Las autoridades han recordado que en agosto de 2025 ya se llevaron a cabo llamadas de voz y vídeo en Telegram y WhatsApp, alegando un aumento de estafas, extorsiones y actividades que califican como sabotaje. Poco después, Rusia extendió las limitaciones a otras herramientas como FaceTime de Apple, dentro de una estrategia más amplia de ir aislando a la población de plataformas occidentales.
Desde el entorno de Telegram la lectura es completamente distinta. En un comunicado difundido a escala global, Pavel Durov acusa al Gobierno ruso de estar usando como pretexto el discurso sobre seguridad para forzar a los ciudadanos a migrar a Max, una app que describe como “construida para la vigilancia y la censura política”.
Durov compara directamente la situación con lo ocurrido en Irán hace ocho años, cuando Teherán prohibió Telegram alegando motivos similares e intentó llevar a la población hacia una alternativa estatal. Según el empresario, aquella estrategia fracasó: buena parte de los iraníes siguió usando Telegram mediante VPN y otros métodos para esquivar la censura, algo que él cree que también sucederá ahora en Rusia con los usuarios más expertos tecnológicamente.
Una batalla que recuerda al Gran Cortafuegos chino
Expertos en geopolítica digital señalan que Rusia lleva cerca de una década intentando construir su propia versión de un internet controlado, inspirándose en el llamado Gran Cortafuegos de China. Durante este tiempo, Moscú ha ido comprando tecnología, reforzando sus marcos legales y bloqueando o limitando el acceso a múltiples plataformas extranjeras, desde Facebook e Instagram hasta servicios de vídeo y mensajería.
Sin embargo, los especialistas apuntan a que el modelo ruso aún está lejos de alcanzar el nivel de sofisticación y control del sistema chino. Hay carencias técnicas, resistencia dentro de segmentos de la propia élite rusa y una parte de la población muy habituada a usar servicios globales. De ahí que, en la práctica, las políticas de censura funcionen a menudo como un “dos pasos adelante, uno atrás”, con oleadas de restricciones seguidas de ajustes y excepciones.
En el caso concreto de Telegram, el recuerdo del intento fallido de prohibición entre 2018 y 2020 pesa mucho. A pesar de los bloqueos, millones de personas siguieron conectándose mediante herramientas para sortear filtros, lo que acabó obligando al propio Roskomnadzor a dar marcha atrás. Ahora, la estrategia parece más sutil: en lugar de cortar de golpe, se opta por ralentizar y deteriorar la experiencia, al tiempo que se empuja a los usuarios hacia Max.
En Europa, donde la discusión gira más en torno a la protección de la privacidad y a la competencia justa entre plataformas, las noticias que llegan de Rusia se interpretan como una advertencia sobre hasta dónde puede llegar un Estado cuando el control político se impone por encima de las garantías individuales. Bruselas, por su parte, sigue afinando regulaciones como la Ley de Servicios Digitales o la Ley de Mercados Digitales para frenar abusos sin replicar los modelos de censura nacionales de Moscú o Pekín.
El pulso entre Rusia y Telegram condensa muchas de las tensiones de la era digital: de un lado, un Estado que apela a la seguridad, la lucha contra el fraude y la soberanía tecnológica; del otro, una plataforma que se presenta como bastión de la libertad de expresión y la privacidad. En medio quedan millones de usuarios —incluidos los de países europeos atentos a estos movimientos— que dependen de estos servicios para comunicarse, informarse y trabajar, y que ven cómo las decisiones políticas pueden convertir, casi de la noche a la mañana, una app cotidiana en el centro de una batalla geopolítica.
from Actualidad Gadget https://ift.tt/kbJ1YwD
via IFTTT
No hay comentarios:
Publicar un comentario